El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Montes de Andalucía (LEMA), que ahora seguirá su curso en el Parlamento de Andalucía. Esta nueva legislación busca preparar al sector forestal para los desafíos del siglo XXI, adaptando la normativa a los cambios sociales, económicos y tecnológicos de las últimas tres décadas.
La futura Ley de Montes reemplazará la Ley Forestal de Andalucía de 1992, que había quedado desactualizada frente a la estatal de 2003. Con esta actualización, se espera corregir vacíos y duplicidades, siguiendo el mandato del Plan Forestal Andaluz 2030. El objetivo es crear una legislación moderna y eficaz para una gestión sostenible de los montes que impulse el desarrollo rural.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha liderado el proceso, involucrando a administraciones, entidades locales, asociaciones y la ciudadanía. Este proceso participativo ha incluido presentaciones en Córdoba, Jaén y Sevilla, logrando un amplio consenso.
La nueva ley, estructurada en siete títulos y 144 artículos, aborda desde la clasificación de montes hasta la gestión forestal sostenible. Uno de los puntos innovadores es la modernización de la colaboración entre administraciones y la creación del Consejo Andaluz de Política Forestal y Biodiversidad, que sustituirá al anterior Consejo Andaluz de Biodiversidad.
El texto refuerza la protección al transformar el Catálogo de Montes de Andalucía en el Registro de Montes Públicos, creando claridad entre montes demaniales y patrimoniales. También introduce el concepto de monte protector para terrenos privados, incentivando la conservación con ayudas específicas.
La LEMA reintroduce el Fondo de Mejoras para la gestión de montes públicos y reconoce el papel de las ciencias forestales, promoviendo la investigación y la digitalización. Se creará la Red Muestra para demostrar gestión sostenible y un Programa de Divulgación Forestal para difundir conocimiento.
En gestión forestal, la ley fomenta la certificación y nuevos modelos de planificación, integrando productos forestales en presupuestos de mejora. Simplifica procedimientos con declaraciones responsables y refuerza el apoyo a la ganadería extensiva.
La ley también alinea la gestión forestal con la lucha contra el cambio climático, considerando actuaciones de repoblación y selvicultura como proyectos de absorción de emisiones y estableciendo compensaciones por servicios ambientales.
Además, se centra en la prevención de incendios, modernización del sector e impulso de la colaboración público-privada. Se promoverán entidades selvícolas de colaboración para mejorar la gestión forestal, estableciendo un régimen de responsabilidades equilibrado para proteger los montes andaluces.
Fuente: Junta de Andalucía.
