El modelo ecologista impulsado por el gobierno de izquierdas en el Consell de Mallorca ha levantado críticas, ya que durante su mandato se autorizaron más de 10,000 piscinas privadas entre 2015 y 2024, muchas de ellas en suelo rústico. Esta expansión contrasta con sus discursos conservacionistas y ha resultado en un boom urbanístico en diversos municipios, como Palma y Calvià. La organización Terraferida ha pedido prohibir la construcción de nuevas piscinas y plantea medidas para limitar el uso de recursos hídricos. Denuncian que la proliferación de piscinas incrementa la especulación inmobiliaria y encarece el suelo, perjudicando a los residentes locales y favoreciendo el atractivo turístico y extranjero.
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