La jueza a cargo del caso ha rechazado la solicitud de Argentina de suspender la orden que le exige entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos de inversión que prevalecieron en la demanda contra el Estado. Esta decisión significa que Argentina deberá cumplir con el fallo judicial, afectando notablemente sus intereses en la petrolera nacional. La negativa representa un revés significativo para el país en su estrategia legal para retener el control de estas participaciones.
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