Las jornadas Sostenibilidad y Discapacidad, celebradas en el CRE de la ONCE en Sevilla, han reunido a más de 250 representantes de entidades que prestan servicios a personas con discapacidad en Andalucía. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la situación crítica que enfrentan estas organizaciones, un tema destacado por el movimiento andaluz de personas con discapacidad, bajo el paraguas de CERMI Andalucía, con la campaña «Juntos podemos evitarlo».
El objetivo principal de esta campaña es sensibilizar a la sociedad y a los responsables políticos sobre la necesidad urgente de mejorar la financiación destinada a los servicios que las entidades ofrecen. La falta de recursos adecuados pone en riesgo la continuidad de estos servicios, que son fundamentales para los más de 14.000 usuarios que dependen de ellos en la región. Actualmente, gran parte de estos servicios se financian a través de conciertos con la Junta de Andalucía y subvenciones públicas, debido a la ausencia de una prestación de servicio público consolidada.
La propuesta de la Junta de Andalucía de aumentar la financiación en un 4,5% a partir del 1 de mayo de 2024 se considera insuficiente, especialmente ante la inminente subida del convenio colectivo de referencia para 2025 y la falta de actualización de las tablas salariales en los últimos años. Este panorama financiero ha generado una clara llamada de atención sobre la sostenibilidad y viabilidad de los servicios que ofrecen estas entidades.
Durante las jornadas, se abordaron temas fundamentales, como el convenio colectivo de centros y servicios de atención, con la intervención de Daniel Aníbal García Diego (FEACEM) y Raquel Manjavacas (AEDIS), bajo la moderación de Rosa Álvarez. Además, se presentó un estudio sobre la sostenibilidad de las entidades de Plena Inclusión, elaborando propuestas y conclusiones que podrían aplicarse a todos los prestadores de servicios concertados con la Junta de Andalucía y la Consejería de Igualdad.
Otra parte destacada del evento fue la ponencia sobre buenas prácticas de concierto social en otras comunidades autónomas, presentada por CERMI Galicia, Extremadura y Cantabria, y moderada por Isabel Márquez, gerente de ASPACE Andalucía.
Las jornadas culminaron con la exposición de conclusiones a cargo de Francisco Márquez, vicepresidente de Andalucía Inclusiva, y Antonio Fernández, presidente de Plena Inclusión Andalucía, donde se enfatizó la urgencia de revisar los costes de los servicios concertados. Se abogó por un cambio en el modelo de concertación que incluya un estudio de costes reales y un sistema de actualización automática de precios.
Estos encuentros se erigen como un espacio crucial de reflexión y colaboración, resaltando la necesidad inminente de una financiación justa y adecuada que garantice la continuidad y calidad de los servicios prestados a las personas con discapacidad en Andalucía. La participación proactiva de ASPACE Andalucía y otras entidades resalta el compromiso colectivo para lograr un modelo que refleje la realidad económica de los servicios y se adapte a las variaciones en su prestación.
La esperanza se centra en establecer un diálogo continuo entre las entidades y las administraciones, buscando transformar las dificultades actuales en oportunidades que permitan mejorar no solo la atención a las personas con discapacidad, sino también asegurar sus derechos en Andalucía.
Fuente: ASPACE.
