Durante el verano más caluroso registrado, las cárceles españolas enfrentaron una crisis sanitaria sin precedentes. La intensa ola de calor llevó a un aumento significativo de incidentes que requirieron atención médica urgente. Las condiciones extremas exacerbaron problemas preexistentes, influyendo negativamente en el bienestar de los reclusos y el personal penitenciario. El Gobierno se vio obligado a implementar medidas de emergencia para mitigar el impacto del clima extremo, mientras las instalaciones luchaban por manejar el estrés térmico y asegurar la salud y la seguridad dentro de los centros.
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