El fenómeno de la inquiokupación, que se refiere a la ocupación ilegal de viviendas por parte de inquilinos que dejan de pagar el alquiler, ha sido identificado como una de las principales prioridades a combatir en Madrid. Ante la creciente preocupación por este problema, se ha decidido llevar varios casos al Defensor del Pueblo, con el objetivo de buscar soluciones y medidas efectivas para proteger los derechos de los propietarios afectados. La medida responde a un aumento de denuncias y casos que han generado un fuerte debate público sobre cómo abordar esta situación sin vulnerar los derechos de ninguna de las partes involucradas.
Leer noticia completa en El Mundo.
