Prohens ha denunciado que los centros de acogida están operando a más del 1.000% de su capacidad, lo que genera preocupaciones sobre las condiciones y el manejo de la situación. En respuesta, Bolaños ha advertido que habrá consecuencias legales para las comunidades autónomas que no cumplan con la normativa vigente, subrayando la importancia de adherirse a las leyes establecidas para gestionar adecuadamente la crisis de acogida.
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