La Audiencia Provincial de Oviedo ha emitido un fallo que pone en el centro de la discusión la responsabilidad de las entidades financieras en la protección de sus clientes frente a las amenazas cibernéticas. Tras confirmar la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cangas de Onís, el tribunal declara nulo un préstamo de 27.500 euros y un contrato de tarjeta prepago virtual, suscritos de forma fraudulenta en nombre de una clienta de un banco malagueño. Este fallo se deriva de un sofisticado ataque cibernético que implicó técnicas de «phishing» y «smishing», mediante las cuales los ciberdelincuentes accedieron a las claves bancarias de la afectada.
El caso se remonta a abril de 2022, cuando la clienta, residente en Cangas de Onís, detectó transacciones irregulares en su cuenta tras recibir múltiples llamadas fraudulentas. A pesar de no haber compartido información bancaria, los ciberdelincuentes lograron vincular ilegalmente un teléfono móvil a su cuenta y, sin restricciones adicionales, contrataron un préstamo instantáneo y una tarjeta prepago. Las credenciales fueron enviadas al dispositivo vinculado, facilitando el acceso no autorizado a los fondos de la víctima.
Íñigo Serrano, abogado del despacho Sello Legal Abogados, que representa a la afectada, enfatizó la importancia de esta sentencia que recalca la responsabilidad de las entidades financieras en la protección de los activos de sus usuarios. El tribunal dictaminó que el banco no implementó medidas de seguridad adecuadas para evitar el fraude, evidenciando una falta de diligencia en la supervisión de las cuentas afectadas.
La resolución judicial señala la insuficiencia de los sistemas de autenticación utilizados por el banco y su incapacidad para detectar transacciones de alto riesgo. Además, exige que la entidad bancaria reconstituya la cuenta de la clienta al estado anterior al fraude y asuma las costas del litigio.
Este fallo marca un precedente crucial en ciberseguridad y protección del consumidor financiero, subrayando la urgencia de que las instituciones bancarias fortalezcan sus sistemas de control y tecnología para prevenir estafas que perjudican a sus clientes. El tribunal ha reiterado que los avances tecnológicos deben ir acompañados de una protección sólida, para evitar que el riesgo recaiga sobre los consumidores. Así, se establece un nuevo estándar para la gestión de seguridad por parte de los bancos, que deberán asumir una postura más proactiva en la defensa de sus clientes contra las crecientes amenazas cibernéticas.
