El juez Juan Carlos Peinado ha decidido llevar a juicio a Begoña Gómez por malversación de caudales públicos, señalándola como «funcionaria pública a efectos penales» debido a su posición en la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La investigación apunta a indicios sólidos de delitos, implicando también a Cristina Álvarez y Francisco Martín. La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, que dicta que la malversación debe ser juzgada por un jurado ciudadano, respalda esta acción. La vinculación con recursos públicos y empresas como el Grupo Barrabés, y los correos proporcionados por Juan Carlos Doadrio, son claves en la acusación. El proceso sigue la doctrina de cristalinización progresiva, permitiendo delinear los hechos sin vulnerar derechos, mientras que nuevas pruebas han reactivado una denuncia inicialmente archivada. La responsabilidad penal de Gómez será ahora evaluada por un jurado popular.
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