El juez decretó la prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro y ordenó confiscar su teléfono móvil, revelando documentos comprometedores como una carta de 2024 solicitando asilo político a Javier Milei, jefe del Gobierno de Argentina. La Policía Federal de Brasil pide nuevos cargos para Bolsonaro y su hijo Eduardo por intentar coaccionar al Tribunal Supremo. Además, se descubrió una transferencia de dos millones de reales para Eduardo en Estados Unidos. Las investigaciones también implican al pastor evangélico Silas Malafaia, acusado de obstruir la justicia. Bolsonaro, todavía líder de la oposición, enfrenta posibles 40 años de prisión por cargos de golpismo, mientras las tensiones con Estados Unidos crecen debido a sanciones económicas.
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