En California, más de 900 presos han sido desplegados para combatir los incendios activos desde el 7 de enero, como parte de un controvertido programa de reinserción que se enfrenta a críticas por ofrecer salarios muy por debajo del mínimo estatal, exponiendo a los reclusos a riesgos significativos sin beneficios equivalentes a los de los bomberos oficiales. A pesar de muertes y lesiones previas, el estado confía en entrenamientos de corta duración para los presos, quienes voluntariamente participan, obteniendo reducciones en sus condenas como incentivo. El debate se intensifica en un contexto donde los californianos decidieron mantener esta práctica durante las últimas elecciones, enfrentando el escrutinio de quienes consideran esta mano de obra una forma de explotación moderna. Los recientes incendios han resultado en 24 muertes y la evacuación de más de 90.000 residentes, subrayando la gravedad de la situación y la necesidad urgente de recursos humanos para enfrentar los desastres naturales.
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