Cataluña está considerando una legislación para prohibir la compra especulativa de viviendas, limitando su adquisición solo para uso residencial. Esta medida busca frenar la expulsión de vecinos por parte de grandes empresas y fondos que compran propiedades para generar beneficios. ERC, la CUP y los comunes presionan al PSC para implementar regulaciones en Barcelona y la Generalitat. La propuesta se basa en un estudio que sugiere que, en contextos de mercado tenso, es legalmente viable restringir las compras inmobiliarias. En Barcelona, ya se impulsan acciones para limitar estas prácticas, inspiradas en ciudades como Ámsterdam. Además, se presentará una modificación de la Ley de Urbanismo para facilitar la implementación de estas restricciones, aunque la identificación de compras especulativas sigue siendo un desafío legal.
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