El reciente Decreto-Ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado en febrero, se presentó como una solución necesaria para habilitar terrenos para la construcción de 20.000 viviendas protegidas. Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado un fuerte rechazo por parte de Comisiones Obreras (CCOO), que argumenta que se trata de una norma ideológicamente sesgada que responde principalmente a los intereses de las empresas constructoras.
CCOO ha criticado abiertamente la falta de diálogo y consenso en la elaboración de este anteproyecto de ley, señalando que no se ha consultado adecuadamente a los sindicatos, a pesar de la existencia de una mesa de trabajo establecida para abordar este tema. La organización sindical asegura que la normativa no refleja las verdaderas necesidades de la ciudadanía y del sector de la vivienda.
Los datos sobre la situación de la vivienda en Andalucía reflejan una realidad preocupante. A pesar de que esta comunidad no aplica la Ley estatal, los precios de la vivienda han experimentado un crecimiento notable, tanto en el alquiler como en la compra. Esto plantea serias interrogantes sobre la efectividad de las medidas propuestas en el decreto, ya que la crecientes dificultades para acceder a una vivienda asequible afectan a una gran parte de la población.
Además, se destaca que la calificación de vivienda protegida en Andalucía depende en gran medida de proyectos con financiamiento estatal y de corporaciones locales, lo que pone de relieve la necesidad de un enfoque más robusto y coordinado que garantice la verdadera protección del derecho a la vivienda. Sin un diálogo inclusivo y un análisis exhaustivo de la situación, las medidas aprobadas podrían agravar aún más los problemas existentes en el sector.
Fuente: CCOO Andalucía.
