El reciente anuncio del sindicato respecto a la nueva normativa ha generado un amplio debate en torno a su efectividad y capacidad de implementación. Si bien se reconoce la intención de ordenar y clarificar los procedimientos, existe una preocupación evidente sobre ciertos aspectos fundamentales que, según el sindicato, «fallan» en la propuesta actual.
Uno de los puntos más críticos que se han destacado es la falta de una adecuada asignación de recursos y medios para llevar a cabo los controles necesarios. Sin una inversión adecuada en infraestructura y personal, las normativas pueden quedarse en meros enunciados sin aplicación práctica. La gestión eficiente de estas regulaciones depende en gran medida de la disponibilidad de herramientas y capacitación para las autoridades competentes.
Además, el sindicato ha expresado su alarma ante la posibilidad de que entidades privadas asuman funciones que corresponden a la autoridad pública en la supervisión y control. Esta situación podría derivar en un debilitamiento del papel del Estado y socavar la confianza del público en la efectividad de los controles. La privatización de estos procesos podría comprometer la transparencia y la imparcialidad, esenciales en la regulación y supervisión de cualquier sector.
La respuesta del sindicato es clara: es imprescindible que no solo se reconozcan las intenciones de ordenar la normativa, sino que también se asegure un marco sólido en cuanto a los recursos y la autoridad necesaria para su correcta ejecución. Sin estas disposiciones, las reformas corren el riesgo de convertirse en un mero ejercicio de papeleo, sin impacto real en la sociedad o en los sectores que se pretende regular. La conversación se centra ahora en cómo garantizar un equilibrio entre la mejora de la normativa y la salvaguarda de los intereses públicos frente a las iniciativas privadas.
Fuente: CCOO Andalucía.
