CCOO de Andalucía ha alzado la voz ante lo que considera una grave externalización por parte del Gobierno andaluz de una de sus agencias públicas más importantes: la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). Esta entidad es la encargada de gestionar aproximadamente 50.000 viviendas en régimen de arrendamiento, principalmente destinadas a las personas que se encuentran en situaciones de mayor riesgo de pobreza o exclusión social.
Desde el año 2014, la AVRA ha experimentado una notable reducción de su plantilla, con una disminución del casi un 19% en el empleo público. Esto equivale a 114 efectivos menos en todas las provincias andaluzas. A pesar de las reiteradas peticiones de CCOO para que se proceda a la contratación de nuevo personal, no solo no se ha dado respuesta a estas solicitudes, sino que la situación ha empeorado con la decisión del Gobierno de externalizar algunas de las funciones de la agencia.
La externalización implica la contratación de servicios externos para reforzar las capacidades de la AVRA, un hecho que CCOO califica de inquietante. Además, se han conocido detalles sobre la cuantía de esta licitación, que supera los 7 millones de euros, lo que genera aún más preocupación sobre la gestión de recursos públicos y el futuro de la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.
La denuncia de CCOO pone de manifiesto una tendencia que, según el sindicato, socava el empleo público y los derechos de quienes dependen de los servicios que ofrece la AVRA. La externalización de funciones, en lugar de fortalecer la capacidad operativa de la entidad a través de personal calificado y estable, parece ir en contra de los principios de acceso justo y equitativo a la vivienda, lo que podría repercutir negativamente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad andaluza.
En resumen, la situación actual de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía presenta desafíos importantes que deben abordarse con urgencia. La defensa del empleo público y el compromiso con la inclusión social son aspectos que no deberían comprometerse en el marco de decisiones administrativas que priorizan la externalización por encima de la consolidación de servicios esenciales para la comunidad.
Fuente: CCOO Andalucía.
