Más de 1.800 trabajadoras externalizadas en Andalucía se enfrentan a un futuro incierto tras culminar un curso marcado por la falta de garantías en sus derechos laborales. Este conflicto, que ya se extiende durante dos décadas en los tribunales, ha puesto de manifiesto las carencias en la regulación y la protección de estas empleadas.
El sindicato ha hecho hincapié en que el Gobierno andaluz no ha adoptado medidas sancionadoras contra las empresas que incumplen las normativas laborales, lo que genera un clima de impunidad. Asimismo, se ha criticado la falta de modificaciones en los pliegos de licitación, que deberían asegurar aspectos fundamentales como el derecho al pago de vacaciones y festivos, así como la necesidad de que las condiciones laborales sean plenas y justas.
Este escenario refleja una preocupación creciente por la situación de las trabajadoras, quienes, a pesar de ser parte esencial del tejido laboral andaluz, siguen luchando por el reconocimiento y la garantía de derechos básicos que deberían ser otorgados sin necesidad de protesta. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades competentes plantea interrogantes sobre el compromiso real con el bienestar laboral en la región.
Fuente: CCOO Andalucía.
