En un reciente sondeo, un 38,8% de los encuestados se opone a que la instrucción penal sea transferida a la fiscalía, mientras que un 37,1% apoya esta medida. El debate refleja una polarización de opiniones en torno a la reforma judicial propuesta, que busca modificar las competencias actuales del sistema judicial. La diferencia en los porcentajes pone de manifiesto la división de la opinión pública sobre la eficacia y consecuencias de un posible cambio en la estructura judicial.
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