La reciente condena al exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), Fernando V.R., por la contratación irregular del exalcalde de Lebrija, Antonio T.G., ha puesto nuevamente en el centro de atención las prácticas corruptas en la administración pública andaluza. Ambos han sido sancionados por un tribunal que ha determinado que la contratación se realizó de manera ilegal, resaltando que Antonio T.G. nunca cumplió con funciones laborales, a pesar de percibir casi 360.000 euros de forma indebida.
La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, recalca que la FAFFE fue utilizada para fines personales y partidistas, en complicidad con figuras de la anterior administración del PSOE andaluz. El tribunal ha calificado esta actuación como un delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, subrayando que la incorporación del exregidor fue unilateral y sin la debida justificación.
Fernando V.R. enfrenta una pena de tres años y medio de prisión, junto a múltiples inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos. Por su parte, Antonio T.G. ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión, además de sancciones similares. Ambos han recibido atenuantes por las dilaciones en el proceso judicial.
La FAFFE, creada para impulsar la formación y el empleo, se ha visto envuelta en diversos escándalos de corrupción, lo que ha reforzado la percepción de que fue utilizada como una red clientelar durante los mandatos socialistas. Ya se han documentado abusos previos, incluido el uso indebido de fondos en lujosas cenas y otros gastos injustificables, lo que ha llevado al actual Gobierno andaluz a replantear la gestión y control de estos recursos.
Además, la Audiencia de Sevilla ha ordenado que ambos condenados devuelvan el dinero malversado al Gobierno andaluz como medida de reparación. Aunque la sentencia aún se puede recurrir, representa un paso significativo en el proceso judicial que busca esclarecer la opaca gestión de la FAFFE.
Desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Juanma Moreno ha implementado estrategias de transparencia y control para evitar la repetición de escándalos como los vividos en el pasado. La Consejería de Empleo ha comenzado a revisar contratos previos para asegurar que ningún empleado irregular siga cobrando del erario público.
Este nuevo fallo legal pone de manifiesto las fallas de un sistema que durante años permitió irregularidades en la administración pública andaluza. La condena a Fernando V.R. y Antonio T.G. destaca el compromiso actual de avanzar hacia una gestión más ética y eficiente, contrarrestando así la herencia de corrupción que sigue afectando a la imagen de la Junta de Andalucía.
Fuente: Partido Popular Andalucía
