La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Coalición Nacional de Entidades de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad (CONFESQ) han solicitado al Gobierno la inclusión de la fibromialgia y la encefalomielitis miálgica en la lista de enfermedades que permiten la jubilación anticipada. Esta petición responde a las graves consecuencias laborales y sociales que sufren quienes padecen estas enfermedades.
Los informes dirigidos al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacan la necesidad urgente de adaptar las políticas de jubilación a las circunstancias de estas patologías. La fibromialgia está vinculada a un mayor riesgo de mortalidad, lo que sugiere la necesidad de permitir la jubilación anticipada para mejorar la calidad de vida de los afectados.
En el caso de la encefalomielitis miálgica, los pacientes experimentan una esperanza de vida considerablemente menor, con diferencias de hasta 15 años respecto al resto de la población. Problemas cardiovasculares y el estigma social contribuyen a esta mayor mortalidad, según el informe.
Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, solicita el reconocimiento de las condiciones particulares de estos trabajadores, llamando al Gobierno a diversificar las políticas actuales para incluir la jubilación anticipada para 14 patologías propuestas.
María López Matallana, presidenta de CONFESQ, subraya la importancia de reconocer las serias implicaciones laborales y sociales de estas enfermedades, que frecuentemente fuerzan a los pacientes a abandonar sus empleos, resultando en ingresos reducidos y aislamiento social.
La propuesta será evaluada por una Comisión Técnica que integra representantes de diversas áreas, incluidas la salud y el sector de la discapacidad. Los informes esperan una respuesta de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social dentro de seis meses desde su presentación.
Esta iniciativa reafirma el compromiso de CONFESQ y COCEMFE con la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, instando al Gobierno a revisar las políticas para facilitar una jubilación digna a estos colectivos.
