La reciente actuación del Gobierno y su presidente ha levantado críticas por presunto ataque a la democracia y el Estado de Derecho, según señalamientos del Parlamento y la Comisión Europea. Se acusa al Ejecutivo de manejar una «autoamnistía» en favor de golpistas para asegurarse votos esenciales en el Parlamento, y de forzar reformas judiciales para controlar a jueces y fiscales. Simultáneamente, protestas de jueces y fiscales denuncian estos movimientos gubernamentales como un golpe al Poder Judicial y la Constitución. Además, se reporta que el Presidente del Tribunal Constitucional podría validar una controvertida ley de amnistía. En medio de este clima de desconfianza, se han suscitado acusaciones de alta traición y señalamientos de complicidad con golpistas, generando un ambiente de tensión política sin precedentes en el país.
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