Las constructoras que han llevado a cabo obras en centros educativos de Andalucía en los últimos tres años exigen a la Junta de Andalucía el pago de 20 millones de euros, adeudados por la actualización de precios acordada para enfrentar la inflación causada por el aumento de costos de materiales debido a la pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania. Se trata de pequeñas empresas que completaron alrededor de mil proyectos bajo un acuerdo de 400 millones firmado en 2020. Arturo Coloma, gerente de Ceacop, critica que la Junta dejara de aplicar esta revisión de precios desde junio de 2023, comprometiendo la viabilidad de estas empresas. Ceacop también denuncia la falta de pago de otros 30 millones relacionados con contratos de carreteras y emergencias. Aunque se estudia el caso, la falta de comunicación con la consejera Carmen Castillo agrava el temor a una posible quiebra. La licitación de un nuevo acuerdo marco por 200 millones está en riesgo, y las empresas contemplan acciones legales si no se resuelve el impasse.
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