La Dirección General de Consumo, que forma parte de la Consejería de Salud y Consumo, ha emitido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos puedan detectar y evitar cargos indeseados en sus tarjetas bancarias. Una de las situaciones más molestas para los usuarios es encontrar un cargo no autorizado en su cuenta, lo cual puede ocurrir por diversos motivos: desde errores como cobros duplicados hasta servicios de los cuales ya se había solicitado la cancelación pero continúan facturándose, pasando por suscripciones olvidadas o incluso fraudes.
El incremento en el uso de dispositivos digitales, especialmente smartphones y relojes inteligentes, para realizar operaciones bancarias ha llevado a un aumento notable de estos casos. Aunque los consumidores tienen hasta 13 meses para notificar al banco sobre operaciones no autorizadas o ejecutadas incorrectamente, la Dirección General de Consumo recomienda actuar con prontitud. Es importante comunicar al banco toda la información relevante tan pronto como sea posible, incluyendo el nombre del titular de la cuenta, el número de tarjeta, el detalle del cargo indebido y la fecha en que se detectó.
En caso de detectar un cargo no autorizado, se debe notificar al banco de inmediato. Muchas entidades bancarias ofrecen servicios específicos de atención al cliente para gestionar estas incidencias. Si se trata de cobros fraudulentos por suplantación de identidad, es esencial bloquear la tarjeta y ponerse en contacto con la oficina bancaria para evitar futuros cargos ilegítimos. Generalmente, las aplicaciones bancarias permiten realizar estas acciones.
La Dirección General de Consumo aconseja revisar frecuentemente los movimientos de las tarjetas de crédito y débito y conservar los tiques o facturas de compras como respaldo. Al pagar electrónicamente, es fundamental verificar que el importe mostrado en la pantalla del datáfono es correcto.
Además, la práctica de buenos hábitos de ciberseguridad es crucial para prevenir fraudes. Por ello, nunca se deben compartir datos sensibles, como información personal o bancaria, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos o enlaces de SMS («smishing») y correos electrónicos («phishing»).
Fuente: Junta de Andalucía.
