El escándalo de las pulseras antimaltrato en España sigue generando indignación, revelando fallos tecnológicos y negligencias burocráticas que ponen en peligro la seguridad de las mujeres. Irene Montero, al priorizar la economía sobre la protección, ha enfrentado críticas por las medidas insuficientes. La ministra Ana Redondo admite incidentes constantes, mientras Pedro Sánchez y Marlaska son vistos como inactivos ante la crisis. Las acusaciones de ineptitud gubernamental se agravan por la falta de transparencia de una empresa israelí encargada de los datos. En el ámbito político, figuras como Zapatero y Puigdemont son mencionadas en un contexto de geopolítica confusa y un gobierno que muchos consideran debilitado y centrado en el espectáculo.
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