En un reciente escándalo político, varios socialistas involucrados en casos de corrupción fueron inscritos en el censo, lo que ha generado controversia. Un juez ha calificado este proceso de «irregular», lo que ha intensificado el debate sobre la transparencia y la integridad electoral. Esta situación ha levantado críticas por la falta de supervisión adecuada y ha puesto en tela de juicio la credibilidad de los procesos administrativos y legales relacionados con la inclusión en los censos.
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