La Confederación Española de Centros de Enseñanza Privada (CICAE) ha denunciado que la mayoría de los colegios concertados en España cobran cuotas anuales, que en algunos casos llegan hasta los 11.000 euros, pese a estar prohibido bajo la ley educativa Lomloe. Basándose en un método de «mystery shopper», el informe detalla prácticas generalizadas de cobro que afectan al 85% del alumnado en ocho comunidades. Especialmente en Cataluña y Madrid, muchas familias se ven obligadas a pagar importes que van en aumento cada año. El estudio destaca que un 11% de los centros practica la exclusión de alumnos cuyas familias no pueden pagar, y critica la orientación comercial de los colegios de titularidad mercantil en Madrid, que representan más del 50% de los casos. A pesar de estas irregularidades, la red pública concentra al mayor número de estudiantes en el país.
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