En varios países del mundo, comunidades vulnerables enfrentan amenazas debido a legislaciones sobre cibercrimen y vigilancia. Un caso que ha generado gran preocupación es el de Jordania, donde una ley de cibercrimen, promulgada en 2023, ha sido utilizada en contra de personas LGBTQ+, periodistas, defensores de derechos humanos y críticos del gobierno. Este marco legal, emitido sin un análisis exhaustivo de sus implicaciones legales, ha generado serias preocupaciones sobre sus efectos sociales y en los derechos humanos.
La ley en cuestión criminaliza de manera amplia el contenido en línea calificado como “pornográfico” o que “exhibe la moral pública”. Además, prohíbe el uso de redes privadas virtuales (VPN) y otros proxies. Recientemente, la Electronic Frontier Foundation (EFF) y trece organizaciones de derechos digitales y de libre expresión firmaron una carta abierta, organizada por Article 19, exhortando a las autoridades jordanas a derogar esta controvertida ley. La misiva pide al nuevo Parlamento que cese el uso de la ley para castigar voces disidentes y represión de la libertad de expresión, instando a su derogación o modificación para alinearse con las normativas internacionales sobre derechos humanos.
La situación en Jordania es un ejemplo preocupante de cómo las leyes de cibercrimen pueden ser mal utilizadas para atacar a comunidades marginadas y suprimir la disidencia. La Asamblea General de la ONU ha advertido en múltiples ocasiones, en 2019 y 2021, sobre el uso de estas leyes para atacar a defensores de derechos humanos. Informes de expertos en derechos humanos de la ONU han resaltado cómo estas legislaciones facilitan violaciones de derechos.
A nivel internacional, el Tratado de Cibercrimen de la ONU también plantea serias amenazas a la libre expresión. Este tratado, lejos de proteger contra el cibercrimen, podría convertirse en una herramienta para prácticas represivas de vigilancia transfronteriza. Permitiendo la cooperación internacional en la vigilancia por cualquier delito considerado «grave» bajo las leyes nacionales y sin salvaguardias robustas ni requisitos operacionales detallados, el tratado podría ser utilizado por gobiernos para reprimir la disidencia y atacar a comunidades marginadas. El futuro del Tratado de Cibercrimen de la ONU dependerá de las decisiones de los estados miembros, quienes evaluarán su adopción más adelante este año.
