En un acto celebrado en Huelva el jueves 12 de septiembre, los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación e Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Carlos Gómez Villamandos y Loles López, respectivamente, junto a las universidades públicas de Andalucía, formalizaron la firma de un convenio crucial para la coordinación de los trabajos de atención a la discapacidad y a las necesidades específicas de apoyo educativo en las instituciones académicas andaluzas. Este convenio, bajo la dirección de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), tiene como objetivo primordial garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
José Carlos Gómez Villamandos enfatizó la relevancia de contar con una universidad pública inclusiva como pilar fundamental para alcanzar la excelencia académica. Subrayó que el Ejecutivo autonómico se compromete a fortalecer las instituciones educativas con alma, aquellas que están estrechamente vinculadas a su territorio y a las necesidades de las personas. Con este fin, se anticipa la introducción de un bloque específico para discapacidad en la futura Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), orientado a reforzar la inclusión y la atención a la diversidad funcional.
Loles López, por su parte, resaltó la importancia de colaboraciones como esta para avanzar hacia una sociedad más equitativa e inclusiva. De acuerdo con un estudio de la Dirección General de Personas con Discapacidad, el 1,4% del alumnado en estudios de grado universitario en Andalucía tiene algún tipo de discapacidad, cifra que asciende al 6,3% en la universidad a distancia. Ante tal panorama, López enfatizó la imperiosa necesidad de implementar medidas de accesibilidad que permitan a las personas con discapacidad adentrarse en el ámbito universitario. Subrayó que las universidades son instrumentos esenciales para promover la autonomía personal y mejorar la empleabilidad de este colectivo. La consejera remarcó el firme compromiso de seguir trabajando para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y desarrollar su proyecto de vida sin barreras.
El convenio, con una vigencia de cuatro años prorrogables, plantea diversas acciones estratégicas. Estas incluyen la realización de un estudio sobre los servicios de atención a la diversidad funcional en las universidades públicas, la implementación de líneas de trabajo conjuntas que se determinarán anualmente por una comisión de seguimiento presidida por la Consejería de Universidad, la celebración de encuentros estratégicos, y la creación de un directorio de investigadores y grupos de investigación especializados en diversidad funcional. Además, se establecerá un repertorio audiovisual sobre integración y diversidad funcional con el apoyo del tercer sector.
En términos de financiación, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación aportará 8.000 euros anuales durante cada uno de los cuatro años que dure el convenio. Este financiamiento, destinado a la Universidad Pablo de Olavide, será compatible con otras ayudas y subvenciones, siempre que no se supere el coste total de las actividades. La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad contribuirá con un estudio detallado sobre la situación de las personas con discapacidad en el sistema universitario andaluz y proporcionará la información necesaria para el desarrollo óptimo de las actividades del convenio. Las universidades públicas, a su vez, apoyarán con los recursos humanos y materiales necesarios a través de sus unidades de diversidad.
Fuente: Junta de Andalucía.
