Las recientes modificaciones en la normativa laboral y el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España, que alcanzará los 1.184 euros brutos mensuales en 2025, han acentuado la imperiosa necesidad de formalizar la contratación de cuidadoras en el ámbito doméstico. Este escenario obliga a muchas familias a asegurarse de cumplir con las nuevas regulaciones para evitar severas sanciones económicas.
El incumplimiento de estas normativas puede resultar en multas que pueden ascender hasta los 12.000 euros por cada trabajadora no dada de alta legalmente. Además, las familias afrontan la responsabilidad de abonar cotizaciones atrasadas y los recargos correspondientes. En este contexto, Cuidum, especialista en asistencia domiciliaria, advierte sobre los riesgos de no ajustar los procesos de contratación al marco legal vigente e insta a las familias a regularizar su situación laboral con prontitud.
El sector de cuidados a domicilio en España presenta un elevado grado de informalidad, lo que agrava aún más la situación. Es vital que incluso los contratos a tiempo parcial se formalicen, ya que esta medida no solo es una obligación legal, sino que también protege a ambas partes involucradas. A partir de 2025, el salario mínimo por hora para las cuidadoras será de 9,26 euros, enfatizando la importancia de cumplir con esta disposición para evitar consecuencias legales.
El Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para erradicar la economía sumergida en este sector mediante inspecciones laborales más rigurosas. Estas acciones incluyen controles aleatorios que permiten a las autoridades verificar el cumplimiento de las normativas laborales actuales.
Las familias que opten por contratar a una cuidadora de forma irregular se exponen a multas significativas y a la obligación de abonar cotizaciones atrasadas. Además, podrían enfrentar complicaciones legales en casos de accidentes laborales o despidos, lo que representa una carga adicional significativa.
Más allá de las implicaciones legales, la formalización en la contratación de cuidadoras tiene un impacto directo en la calidad del servicio que se ofrece. Formalizar los contratos proporciona estabilidad a los trabajadores y les garantiza acceso a derechos fundamentales, como bajas por enfermedad y vacaciones. Estos beneficios motivan a las cuidadoras a desempeñar su labor de manera más efectiva, con un enfoque centrado en el bienestar de las personas mayores a su cargo.
Es crucial que las familias asegurarse de que todos los aspectos legales estén en orden. Deben considerar elementos como la legalidad de la contratación de la cuidadora, la actualización del salario conforme al nuevo SMI, y la correcta aplicación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional en la nómina.
Cuidum se presenta como una solución integral para las familias que necesitan asistencia en este proceso, ofreciendo servicios que abarcan desde asesoramiento en normativa laboral hasta la selección de profesionales cualificados, redacción de contratos adaptados a las leyes vigentes y gestión de todos los trámites administrativos necesarios. Con más de 100.000 familias atendidas en toda España, la empresa se compromete a proporcionar un servicio seguro y confiable, garantizando el bienestar tanto de los mayores como de los cuidadores.
