En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, la frase «moverse rápido y romper cosas» ha adquirido un tinte negativo, especialmente al vigilar el creciente escepticismo hacia la inteligencia artificial (IA). En este contexto, los legisladores, tanto estatales como federales, han intensificado sus esfuerzos para abordar cuestiones urgentes relacionadas con la inteligencia artificial generativa, poniendo especial atención en la creación de deepfakes.
La comunidad creativa se encuentra en un estado de alerta, preocupada de que sus trabajos sirvan como base para una tecnología que podría amenazar su existencia económica. Esta inquietud ha desencadenado una serie de demandas legales, mientras los legisladores se apresuran a salvaguardar los derechos de las personalidades, sean estas vivas o fallecidas, y de las entidades que capitalizan su imagen.
Entre las iniciativas más resonantes se encuentran los proyectos de ley NO AI FRAUD y NO FAKES, que contemplan la regulación del uso indebido de la IA generativa para apropiarse de imágenes o voces. Estas propuestas, sin embargo, están redactadas de forma tan amplia que podrían llegar a abarcar cualquier tipo de contenido digital. Este enfoque plantea un dilema, pues refleja leyes estatales que reconocen derechos de publicidad sumamente extensos, poniendo en riesgo la libertad de expresión.
Por otra parte, estados como Tennessee y California promueven normativas que amplían estos derechos a través de legislaciones como la ley ELVIS y la AB 1836, respectivamente. Este enfoque podría restringir la capacidad de utilizar imágenes y voces en contextos artísticos o críticos, obstaculizando la creatividad y la innovación.
Los defensores de los derechos digitales argumentan que, aunque resulta vital proteger a las personas de la explotación comercial indebida, una expansión desmesurada de los derechos de propiedad no solucionará el problema y puede, de hecho, generar daños imprevistos sobre la libre expresión y la competencia. De ahí la necesidad de que el Congreso aborde el tema con precisión, buscando regulaciones que equilibren la protección de los derechos individuales y el fomento de un entorno cultural y artístico vibrante.
Este debate recalca la urgencia de desarrollar un marco regulatorio que respalde tanto el avance tecnológico como la integridad de la cultura y los derechos de expresión. El desafío reside en encontrar un equilibrio adecuado que permita que la tecnología evolucione sin comprometer los valores fundamentales de nuestra sociedad.
