La administración actual en los Estados Unidos ha emitido un nuevo decreto ejecutivo prometiendo restaurar la libertad de expresión, pero el contenido de esta orden ha levantado una ola de críticas debido a sus deficiencias en la protección efectiva de los derechos garantizados por la Primera Enmienda. Este decreto, anunciado recientemente, solicita una revisión exhaustiva de las acciones previas relacionadas con la moderación de contenido en redes sociales, efectuadas específicamente durante la administración de Biden. Además, se instruye al Fiscal General a indagar en cualquier acción gubernamental de los últimos cuatro años que pueda contradecir estos principios constitucionales.
El texto del decreto sostiene que, bajo la batalla contra la desinformación, el gobierno federal ha podido haber infringido los derechos de libre expresión de los ciudadanos, impulsando una narrativa conveniente para las autoridades en temas sujetos a debate en el ámbito público. Sin embargo, los críticos han señalado una omisión significativa en el decreto: la falta de un compromiso fehaciente con la transparencia gubernamental.
Las «Principios de Santa Clara», una serie de normas sugeridas por varias organizaciones para lograr una moderación de contenido más transparente y justa, insisten en que los gobiernos deben divulgar su implicación en las decisiones de moderación en línea. Sin embargo, tal premisa no se refleja en la nueva orden ejecutiva.
La limitación temporal impuesta por el decreto también ha suscitado controversia. La práctica de que el gobierno influya de manera informal en las plataformas privadas de medios no es innovadora y data de administraciones anteriores a 2011. Identificar exclusivamente a la administración precedente como la única responsable parece más un acto de revancha política que una iniciativa genuina para frenar prácticas gubernamentales inadecuadas.
Aunque la exploración del papel del gobierno en la moderación del contenido es un esfuerzo valioso, este debe ser imparcial y no concentrarse en cuestionar sólo a adversarios políticos. Un análisis exhaustivo que proponga una rendición de cuentas con plazos concretos y resultados publicados beneficiaría significativamente a la opinión pública. De igual modo, se sugiere que esa investigación sea liderada por un inspector general, en lugar de un Fiscal General, para evitar la percepción de posibles motivaciones judiciales.
Cabe destacar que, por mucho tiempo, la Primera Enmienda se ha interpretado como una prohibición para que el gobierno coaccione a las empresas privadas en cuanto a la censura de contenido. No obstante, no toda interacción sobre expresión del usuario se considera inconstitucional; muchas de estas comunicaciones son necesarias y pueden ser beneficiosas, especialmente cuando las plataformas buscan información fidedigna de instituciones gubernamentales.
En última instancia, para aquellos que aguardaban un enfoque renovado sobre la libre expresión, el decreto presentado por el presidente ha dejado un sabor agridulce y una sensación de oportunidad perdida.
