La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) se enfrenta a críticas tras un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), que ha sacado a la luz deficiencias significativas en los programas de vigilancia fronteriza de la agencia. Según el informe, CBP no ha cumplido con ninguno de los seis principales principios de protección de la privacidad en relación con sus torres de vigilancia, aerostatos y sensores de suelo.
La investigación de la GAO evaluó las políticas asociadas a estas tecnologías contra los principios de Prácticas Justas de Información, un conjunto de normas que las agencias deben seguir para proteger la privacidad. Estas incluyen cómo se recolectan, utilizan y retienen los datos, así como la seguridad y el intercambio de información.
Los hallazgos del informe señalan que las políticas actuales de CBP no especifican cómo deben manejarse los datos dentro del marco de estos principios. Actualmente, CBP opera con numerosos métodos de vigilancia a lo largo de las fronteras del país, con algunas torres capaces de capturar imágenes a distancias significativas y aerostatos que monitorean áreas específicas.
El problema ha suscitado preocupaciones entre organizaciones defensoras de derechos civiles, como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que critican el impacto negativo de estas tecnologías en la privacidad de las comunidades fronterizas. Argumentan que estas prácticas tratan los derechos de los residentes locales como un costo asumido en la búsqueda de mayor seguridad.
En defensa, CBP ha sostenido que aborda los principios de privacidad en sus Evaluaciones de Impacto sobre la Privacidad. Sin embargo, la GAO ha considerado esta respuesta insuficiente, insistiendo en que se requieren pautas más claras para asegurar que su personal maneje los datos de manera apropiada.
Ante esta situación, la GAO ha recomendado al Comisionado de CBP que integre protecciones de privacidad en las políticas de operaciones tecnológicas. Paralelamente, la EFF ha pedido al Congreso que intervenga, sugiriendo que detenga el financiamiento de tales tecnologías de vigilancia hasta que la agencia demuestre un uso más responsable y transparente.
