La campaña electoral en Jalisco para elegir jueces por voto popular por primera vez en México ha revelado los desafíos que enfrentan los candidatos ante el crimen organizado y la violencia. Erika Córdova, candidata a jueza penal, ha experimentado de cerca estas tensiones, con momentos que advierten sobre la influencia criminal. Mientras la violencia no ha sido manifiesta durante la campaña, analistas advierten sobre formas sutiles de intervención, como financiamiento ilícito. La reforma judicial ha obligado a jueces y candidatos a exponerse públicamente, lo que genera preocupaciones de seguridad. Candidatos como Roberto Posán y Delia Quiroa han adaptado sus estrategias para enfrentar estas condiciones, optando en algunos casos por evitar seguridad para no llamar más la atención. La falta de condiciones seguras dificulta la interacción directa con la ciudadanía, relegando algunas campañas al ámbito digital y dejando a muchos votantes sin información clara sobre los aspirantes. Estos retos subrayan el complejo entorno electoral en México y la persistente sombra del crimen organizado sobre el proceso democrático.
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