El Tribunal Supremo de Brasil se encuentra en la antesala de una decisión trascendental que podría redefinir las normas sobre la responsabilidad de las plataformas digitales respecto al contenido generado por terceros. En el epicentro de este debate jurídico se encuentra el «Marco Civil da Internet», una ley brasileña que regula el uso del ciberespacio y cuyo artículo 19 establece que los proveedores de aplicaciones de Internet solo pueden ser responsabilizados por contenido de terceros si no acatan una orden judicial para eliminarlo. Sin embargo, las excepciones en casos de derechos de autor y la divulgación no consentida de imágenes privadas abren la posibilidad de un cambio radical en este régimen.
El análisis actual de esta norma por parte de un consejo de once magistrados del Supremo podría transformar el panorama, no solo dentro de las fronteras de Brasil, sino en toda la región e incluso a nivel global. Esta potencial modificación del marco legal aborda dos cuestiones clave: la conformidad del régimen de responsabilidad de intermediarios con la Constitución brasileña, y la posible obligación de que las plataformas supervisen el contenido sin intervención judicial. Un fallo inclinándose hacia un mayor monitoreo podría comprometer importantes salvaguardias de libertad de expresión y privacidad.
Los casos que han inspirado esta reflexión legal tienen más de una década y están arraigados en disputas sobre el derecho al honor. En uno de los casos, una profesora acusó a Google de permitir la creación de una comunidad online que la difamaba. En el otro, una mujer demandó a Facebook por no eliminar una cuenta falsa que suplantaba su identidad. Ambas denuncias han avivado el diálogo sobre la necesidad de equilibrar la expresión en línea con la protección de los derechos individuales.
A finales de noviembre del año pasado, las audiencias comenzaron y, por ahora, el único juez que ha manifestado su posición es Dias Toffoli, quien ha tachado de inconstitucional el artículo 19, abogando por un régimen de «notificación y eliminación» como norma general. Sin embargo, la posibilidad de que las plataformas sean responsabilizadas de ciertos contenidos sin una notificación previa podría instaurar un deber de monitoreo, engendrando un preocupante clima de censura digital.
Con el reinicio de las sesiones del tribunal, la pregunta sigue en el aire: ¿logrará el Supremo llegar a una resolución antes de que concluya el año? Este momento crítico en la conversación sobre la regulación de plataformas digitales en Brasil plantea la expectativa de significativos cambios futuros. La forma en que el tribunal resuelva estos temas tendrá un impacto de largo alcance tanto en la manera en que se gestionan las responsabilidades de las plataformas de Internet como en la protección de los derechos de los usuarios en la red.
