La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, y la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han firmado un acuerdo para reforzar la colaboración entre ambos departamentos con el objetivo de combatir la exclusión social desde las aulas en las 95 zonas desfavorecidas de Andalucía.
Este convenio, enmarcado en la Renta Mínima de Inserción en Andalucía, permitirá la realización de acciones conjuntas que facilitarán el intercambio de información entre los profesionales educativos y sociales. De esta manera, se podrá mejorar la prevención e intervención ante situaciones de vulnerabilidad en menores y sus familias.
Ambas consejeras coincidieron en que «el sistema educativo es un escenario magnífico para poder identificar situaciones de riesgo de exclusión social y poder intervenir sobre las mismas». Defendieron también que la coeducación es una herramienta fundamental para lograr mayores niveles de inclusión y avanzar en igualdad.
Loles López subrayó que «la inclusión es una materia transversal» del Gobierno andaluz. Con este impulso a la interoperabilidad entre Desarrollo Formativo y Formación Profesional e Inclusión Social, se sienta el primer paso de un camino que se expandirá a otras consejerías. «La igualdad no es un cajón estanco, sino que afecta a todas las dimensiones de una persona y ahí va a estar este Ejecutivo», afirmó López. Además, aseguró que el acompañamiento con itinerarios sociolaborales personalizados es clave para su consejería, continuando con la Estrategia regional andaluza para la cohesión e inclusión social (ERACIS).
Por su parte, Patricia del Pozo destacó que el acuerdo fortalecerá el trabajo conjunto para atender a los menores «especialmente en zonas desfavorecidas». Estas acciones contemplarán aspectos educativos, actividades de tiempo libre, educación en valores y para la salud, además de fomentar la creatividad e imaginación entre los niños. Del Pozo recordó que el Programa de Garantía Alimentaria (Syga), gestionado por Educación durante el curso y por Inclusión en verano, ofrece comidas en los centros escolares y en las Escuelas de Verano, respectivamente.
El acuerdo actualiza y da continuidad a la colaboración establecida desde 2018, estandarizando la actuación conjunta de docentes y profesionales de los servicios sociales para asegurar intervenciones exitosas que no solo beneficien a los menores, sino también a sus familias, promoviendo así una inclusión social plena. Este convenio se basa en principios de colaboración, atención centrada en la persona y confidencialidad de los datos.
Asimismo, se formarán grupos de trabajo para analizar el desarrollo de la ERACIS y se facilitará el uso de centros educativos durante julio y agosto para las escuelas de verano. El año pasado, más de 6.700 menores en situación de vulnerabilidad participaron en 114 escuelas de verano en Andalucía.
El acuerdo también busca promover medidas de coordinación para el desarrollo de programas socioeducativos y fomentar la participación del personal de los centros docentes, fortaleciendo así las relaciones entre los departamentos educativo y social del Gobierno andaluz.
Fuente: Educación. Junta de Andalucía.