La transmisión de patrimonio inmobiliario en España, regulada por la Ley 29/1987 del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, ha sido objeto de complejidad fiscal, especialmente para los herederos. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo aclaró que la reducción del 95% aplicable a ciertos inmuebles alquilados se puede obtener cumpliendo simplemente los requisitos del artículo 27.2 de la LIRPF, que exige al menos un empleado a jornada completa. Anteriormente, la Agencia Tributaria interpretaba estrictamente esta disposición, lo que limitaba el beneficio fiscal. Ahora, la sentencia elimina la subjetividad en la clasificación de actividad económica, asegurando una mayor seguridad jurídica para herederos y empresas familiares al simplificar el acceso a la reducción tributaria, garantizando así la conservación del patrimonio sin incurrir en costos fiscales desproporcionados.
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