Dos años después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, Amnistía Internacional alerta sobre la insuficiencia de medidas implementadas para proteger y asistir a las víctimas de violencia sexual en España. La organización denuncia tanto la lentitud del Gobierno central como la falta de compromiso de algunas comunidades autónomas para garantizar los recursos previstos en la normativa.
Entre los retrasos más preocupantes está la falta de inclusión de las víctimas de violencia sexual como beneficiarias de la Ley de Justicia Gratuita, pese a que la ley estipulaba un plazo de un año para esta reforma. En la última actualización de esta norma, publicada en el BOE el 14 de noviembre, las víctimas han sido nuevamente ignoradas. Además, la desigualdad territorial sigue siendo un problema grave, ya que las comunidades autónomas no ofrecen el mismo nivel de atención y recursos, dejando a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad.
Otro aspecto que preocupa a Amnistía Internacional es la ausencia de avances en la creación de centros de atención continua y especializada, esenciales para garantizar un entorno seguro para las víctimas. Asimismo, sigue pendiente la creación de una Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales, que debía ser un espacio clave para coordinar a las administraciones, organizaciones de mujeres y expertos en la materia.
Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional España, lamenta esta situación: «Más de 2,8 millones de mujeres llevan dos años esperando que las medidas recogidas en esta ley se pongan en marcha. La lentitud y la falta de consenso dejan a muchas víctimas sin los recursos y derechos que merecen, dependiendo de la comunidad autónoma en la que vivan.»
La organización insta al Gobierno a priorizar la implementación de estas medidas pendientes, asegurando una atención igualitaria y efectiva para todas las víctimas, sin importar su lugar de residencia.
Falta de voluntad política de algunas comunidades autónomas
Entre otros aspectos, la Ley de Libertad Sexual establece que las administraciones deben dar una respuesta integral, especializada y accesible para las víctimas con el establecimiento de los centros de crisis abiertos las 24 horas del día durante los 365 días del año, siguiendo los estándares del Consejo de Europa. Unos espacios seguros para que las mujeres que se sientan agredidas, si así lo desean, puedan ser asesoradas y acompañadas, sin ser cuestionadas, con independencia de que pongan o no una denuncia.
En la anterior legislatura, el Gobierno se comprometió a la apertura de 52 centros, uno por cada provincia, además de uno en cada ciudad autónoma de Ceuta y Melilla para finales de 2023. Para ello, la Comisión Europea concedió 83 millones de euros, que el Gobierno transfirió a las comunidades autónomas. Tras conseguir una prórroga de un año para la puesta en marcha de este tipo de centros, los objetivos están muy lejos de cumplirse.
A 22 de noviembre de 2024, se han abierto once centros de los 52 previstos, financiados por los fondos europeos: Santander (Cantabria), Bilbao, San Sebastián y Vitoria (País Vasco), Murcia, Pamplona (Navarra), Albacete y Guadalajara (Castilla La Mancha), Melilla, y dos en la Comunidad de Madrid. A estos centros hay que sumar dos abiertos con anterioridad a la Ley de Libertad Sexual, uno en la ciudad de Madrid y otro en Oviedo.
Aunque comunidades como Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género, incluídas víctimas de violencia sexual, esta atención no cumple con los estándares recogidos en la ley o bien porque no abren 24 horas, o porque sólo atienden telefónicamente, o porque carecen de recursos o profesionales especializados.
«Para Amnistía Internacional, que algunas comunidades autónomas no hayan cumplido con su obligación de atender a las víctimas de violencia sexual de una manera integral y especializada, incluso después de haber tenido un año de prórroga para hacerlo, no es un problema de financiación, es un problema de voluntad política. Y esto repercute directamente en las mujeres, que vuelven a encontrarse con que serán atendidas de forma diferente dependiendo del lugar donde vivan o donde se produzca la agresión sexual», declaró Virginia Álvarez.
Violencia sexual más visible
La lentitud o la falta de compromiso de las administraciones para impulsar medidas que protejan a las víctimas de violencia sexual, choca con el hecho de que cada vez más mujeres deciden contar públicamente las violencias sexuales que han sufrido. Coincide también con que se está produciendo un incremento del número de mujeres que deciden denunciar.
Según el último Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge datos desde enero a junio de 2024, el número de delitos contra la libertad sexual que se han denunciado, un total de 10.010, aumentó casi un 5 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior. De ellos 2.465 son denuncias por violación que se incrementaron en casi un 7 por ciento. Eso significa que en España cada dos horas se denuncia una violación. No obstante, el número de denuncias seguiría reflejando sólo una pequeña parte de la violencia sexual en nuestro país. Según datos de la última Macroencuesta de la Violencia contra la Mujer de 2019, sólo el 8 por ciento de las mujeres que asegura haber sufrido algún tipo de violencia física y sexual a lo largo de su vida, termina denunciando.
«Es necesario, que las administraciones den un respuesta urgente y adecuada a todas estas mujeres que esperan ser escuchadas, atendidas y protegidas. La Ley de Libertad Sexual recoge una amplia variedad de medidas para luchar contra la violencia sexual en nuestro país. Lo que se necesita es un compromiso político de todas las administraciones para que hacer frente a la violencia sexual sea una realidad», señaló Virginia Álvarez.
Peticiones de Amnistía Internacional
Al Gobierno central que:
- Asegure una correcta implementación de la Ley de Libertad Sexual tanto a nivel estatal como autonómico, así como el establecimiento de los centros de crisis 24 horas como recursos especializados a los que puedan acudir las víctimas de violencia sexual.
- Lleve a cabo las reformas legislativas necesaria para garantizar la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia sexual, así como la especialización de los juzgados y de la fiscalía.
- Ponga en marcha inmediatamente la Mesa de coordinación estatal sobre violencias sexuales.
- Realice una evaluación de la estrategia para combatir las violencias machistas y publique sus resultados.
- Refuerce y continue promoviendo la formación inicial y continua especializada entre los diferentes operadores del poder judicial.
A las comunidades autónomas que:
- Pongan en marcha recursos como los centros de crisis 24 horas para atender de manera permanente e integral a las víctimas de violencia sexual.
