La prisión domiciliaria de Jair Bolsonaro, ordenada por el Supremo Tribunal de Brasil, coincide con un momento delicado para el país en sus negociaciones con Estados Unidos, que ha impuesto aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas. Donald Trump, presidente estadounidense, relaciona este «tarifazo» más con el juicio por presunto golpismo de Bolsonaro que con motivos comerciales. El canciller brasileño, Mauro Vieira, busca conversaciones pragmáticas para mitigar los efectos, mientras el Gobierno intenta mantener la calma frente a las tensiones. La decisión judicial fue tomada tras incumplimientos de restricciones previas por parte de Bolsonaro, y aunque genera entusiasmo entre sus aliados, preocupa al Gobierno de Lula, que intenta evitar el conflicto con Trump. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, explora ofrecer minerales críticos a EE.UU. a cambio de aliviar los aranceles, subrayando oportunidades de cooperación a pesar del ambiente económico incierto y la inflación por encima de las metas.
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