En los últimos años, la lucha contra el fraude del diésel en España ha experimentado avances significativos gracias a las denuncias y al control exhaustivo ejercido por la Agencia Tributaria. Un claro indicativo de este progreso es la reducción del número de estaciones de servicio implicadas en estas prácticas fraudulentas, que ha pasado de más del 8% hace dos años a cerca del 3% en la actualidad.
No obstante, el problema persiste, especialmente en cerca de 356 estaciones que ofrecen precios considerablemente bajos. Estas estaciones son principalmente de marcas blancas, cooperativas y grandes superficies. El esquema fraudulento se basa en la creación de distribuidoras ficticias que comercian diésel a precios reducidos, evadiendo el pago del IVA y de los impuestos especiales mediante su rápida desaparición del mercado. Esta situación ha generado una fuerte respuesta por parte del sector, que exige la implementación de medidas más estrictas para combatirla.
En busca de soluciones, las principales compañías petroleras han instado al Gobierno a aumentar la supervisión y a introducir medidas preventivas efectivas. En el marco de reuniones con el Ministerio de Hacienda, se han sugerido cambios como el pago anticipado de impuestos. Sin embargo, estas propuestas han sido objeto de críticas por parte de los pequeños operadores del sector. Argumentan que tales medidas tienden a favorecer a las grandes empresas, ya que los avales requeridos para operar bajo estas nuevas condiciones son inalcanzables para las compañías más pequeñas.
El impacto económico del fraude sigue siendo alarmante, con pérdidas estimadas en más de 1.000 millones de euros, lo que representa entre el 25% y el 30% de las ventas del sector. En respuesta a esta situación, el Gobierno ha introducido medidas dentro del Real Decreto Ley 8/2023 con el fin de erradicar el fraude. Sin embargo, la lentitud en el proceso legislativo ha incentivado a las petroleras a buscar alternativas más rápidas y efectivas para frenar estas prácticas ilegales.
La continuación del fraude del diésel es un desafío que no solo afecta a las finanzas públicas, sino que también distorsiona la competencia dentro del sector, perjudicando a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. La urgencia de implementar medidas contundentes es evidente, y tanto la Administración como el sector privado deberán colaborar estrechamente para erradicar estas prácticas desleales.
