El 12 de octubre, la Electronic Frontier Foundation (EFF), en colaboración con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la ACLU de Mississippi, presentó un escrito de amicus curiae ante un tribunal de apelaciones federal. Su petición es clara: mantener la suspensión de la ley HB 1126 de Mississippi, que plantea restricciones de verificación de edad en las plataformas sociales de internet.
Ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., la EFF destacó que la HB 1126 representa una «ley de censura extraordinaria» que atenta contra los derechos de la Primera Enmienda de los usuarios de internet. Esta ley obligaría a las redes sociales a verificar la edad de todos los usuarios, exigiendo que los menores cuenten con el consentimiento de sus padres para acceder a ciertos espacios virtuales. Además, convendría a las plataformas a monitorear y censurar contenido en base a criterios amplios y vagos, lo que podría interferir con discursos constitucionalmente protegidos.
La preocupación de la EFF cobra aún más relevancia tras una decisión previa de una corte de distrito federal que bloqueó la implementación de la HB 1126, sugiriendo que podría violar la Primera Enmienda. Para la EFF, el impacto negativo de esta ley sobre la libertad de expresión, especialmente en jóvenes, es palpable. Argumentan que los menores poseen el mismo derecho que los adultos de participar en discursos protegidos en el entorno digital.
Las plataformas de redes sociales, recalca EFF en su documento, no son simplemente espacios de entretenimiento. Son vitales para que los jóvenes exploren sus identidades, ya sea a través del arte, la religión o la política. El acceso a estas plataformas es crucial para su desarrollo como futuros miembros activos de la sociedad.
Por su parte, la legislación también atentaría contra la libertad de expresión de los adultos, demandando verificación de edad para todos los usuarios antes de acceder a las plataformas sociales. Esto podría excluir a millones de adultos que no tengan una identificación gubernamental, además de comprometer su anonimato, exponiéndolos a riesgos de acoso.
Las preocupaciones sobre la privacidad se intensifican con esta ley, ya que las plataformas se verían obligadas a recolectar datos sensibles de sus usuarios, convirtiéndolos en focos de ciberataques en un contexto actual de frecuentes brechas de seguridad y robos de identidad. La EFF advierte que vincular las actividades digitales de los usuarios a sus identidades reales podría disuadir la libre expresión y el acceso a contenido delicado.
A este respecto, iniciativas legislativas similares han sido desestimadas en otros estados por fallos judiciales que las consideran inconstitucionales por restringir el acceso a discursos protegidos. La EFF y la ACLU instan al tribunal a persistir en el bloqueo de la HB 1126, subrayando la importancia de salvaguardar los derechos digitales de menores y adultos por igual.
