La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha tomado una postura firme al unirse a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y a otras organizaciones defensoras de derechos legales en un «amicus brief» presentado ante un juez federal. Su objetivo es anular un controvertido decreto ejecutivo emitido por el expresidente Donald Trump, que impone restricciones al bufete de abogados Perkins Coie. Este bufete es conocido por defender casos de derechos de voto y representar a opositores políticos del expresidente.
La EFF, con su largo historial de defensa de derechos tecnológicos, apoya a Perkins Coie en su desafío contra lo que considera un mandato no solo inconstitucional, sino también vengativo. La orden, firmada el pasado 6 de marzo, es vista por la organización como una amenaza directa a la Primera Enmienda, además de socavar la integridad del estado de derecho y la profesión legal. La EFF subraya que las demandas contra el gobierno son esenciales para el sistema de pesos y contrapesos fundamental para la democracia estadounidense.
«Permitir que esta presión persista afectará negativamente la capacidad de los ciudadanos para obtener asesoría legal en asuntos esenciales y organizar sus asuntos personales y comerciales sin interferencias», arguye el amicus brief. De aplicarse, el decreto podría establecer un precedente preocupante, penalizando a las firmas legales por representar a clientes que enfrentan a una administración gubernamental.
La EFF sostiene que la orden ejecutiva es un claro abuso de poder que plantea serias inquietudes constitucionales, tales como la violación de la Primera Enmienda. Esta enmienda protege a la profesión legal de influencias gubernamentales indebidas, asegurando que los abogados puedan desarrollar argumentos sin restricciones políticas.
El decreto también representa una represalia inconstitucional contra Perkins Coie por ejercer su derecho constitucional al defender a sus clientes. Se pone en riesgo la separación de poderes y los derechos de quienes litigan para elegir a sus representantes, principio respaldado por la Quinta y Sexta Enmienda.
La EFF concluye su declaración solicitando que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia proceda rápidamente a invalidar el decreto. Asimismo, hace un llamado a la profesión legal para que condene unánime y enérgicamente esta acción. Frente a la inacción de algunas firmas legales importantes, la EFF enfatiza la necesidad urgente de que la comunidad legal se una en defensa de los principios fundamentales que sostienen la democracia y el estado de derecho.
