La Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, ha intensificado su lucha por la privacidad digital presentando un nuevo amicus brief ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Estas organizaciones instan al tribunal a exigir que las búsquedas de dispositivos electrónicos en las fronteras estadounidenses requieran una orden judicial, un argumento que han mantenido firme durante casi una década.
El caso en cuestión, U.S. v. Smith, se centra en un incidente ocurrido en el aeropuerto de Newark, donde un viajero, bajo investigación por supuesta extorsión y fraude en Nueva York, fue detenido y su teléfono fue sometido a un registro forense supervisado por el FBI tras llegar de Jamaica. Aunque el tribunal de distrito determinó el año pasado que dichas búsquedas requieren una orden judicial, las pruebas fueron admitidas en el juicio, citando una «creencia de buena fe» de los oficiales sobre su autoridad para realizar la búsqueda.
Este tema se ha vuelto más relevante debido al aumento alarmante de registros de dispositivos en la frontera, alcanzando más de 41,000 búsquedas anuales sin orden en el año fiscal 2023, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Tradicionalmente, la excepción a la orden de registro en las fronteras se justificaba para detectar bienes contrabandeados, pero el avance tecnológico y la cantidad de información personal que almacenan los dispositivos contemporáneos han complicado el balance entre la seguridad nacional y el derecho a la privacidad.
El amicus brief presentado por la EFF argumenta que la prueba de balanceo establecida por la Corte Suprema en el caso Riley v. California debería aplicarse a este contexto. El caso Riley estableció un precedente al requerir una orden para el registro de teléfonos móviles durante arrestos, ponderando los intereses del gobierno contra los derechos de privacidad personal.
Se destaca que los intereses de privacidad de los viajeros con sus dispositivos son semejantes a los aspectos examinados en Riley, dado que estos dispositivos contienen vastas cantidades de datos personales como afiliaciones políticas, creencias religiosas, y otra información sensible. Por otro lado, se argumenta que los intereses del gobierno en un acceso sin restricciones a los datos digitales de los viajeros son débiles y que buscar evidencia en datos digitales para contrabando físico no está alineado con las justificaciones originales para las excepciones de búsqueda en la frontera.
Dado el contexto legal, si el Segundo Circuito no impone la exigencia de una orden judicial para estos registros, el brief sugiere que al menos deberían justificarse por una sospecha razonable de que el dispositivo contiene contrabando digital específico y que las búsquedas se limiten a descubrir dicho contrabando.
El debate plantea un llamado urgente a las cortes para que refuercen las protecciones otorgadas por la Cuarta Enmienda a los pasajeros, en un contexto cada vez más digitalizado y globalizado.
