La Policía de San Francisco se ha visto envuelta en una polémica tras la denuncia de que ha estado compartiendo datos de lectores automáticos de matrículas (ALPR) con agencias federales y de otros estados, una práctica que la Fundación Electrónica Fronteriza (EFF) y la ACLU del Norte de California califican como una violación de la ley californiana. Según estas organizaciones, tal acción pone en riesgo a los conductores de la ciudad, siendo especialmente peligrosa para inmigrantes y personas que buscan servicios de aborto.
En el reciente desarrollo del caso, se enviaron cartas al Departamento de Policía de San Francisco solicitando registros bajo la Ordenanza Sunshine de la ciudad. Esto fue en respuesta a un informe que evidenció que la policía permitió el acceso a su base de datos de ALPR a agencias fuera de California. Entre estas, al menos 19 búsquedas estuvieron relacionadas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, agencias de estados como Georgia y Texas, que imponen restricciones estrictas en la atención reproductiva, también accedieron a los datos.
Los ALPR son sistemas de vigilancia que capturan y almacenan la ubicación de vehículos de forma masiva e indiscriminada. Actualmente, San Francisco cuenta con 415 de estas cámaras, adquiridas a Flock Safety. Desde 2016, la ley californiana prohíbe compartir estos datos con agencias fuera del estado o federales, particularmente si se destinan a la aplicación de la ley de inmigración.
El informe reveló que se realizaron 1.6 millones de búsquedas externas en la base de datos del SFPD. EFF y la ACLU argumentan que esto no solo infringe la ley, sino que también pone en peligro la privacidad de los ciudadanos al permitir el posible uso indebido de la información por parte del gobierno federal y estados con menos protecciones.
Las organizaciones han urgido al SFPD a conducir una auditoría completa de su base de datos de ALPR, implementar protocolos estrictos para garantizar el cumplimiento legal, y disciplinar a los responsables de compartir la información con entidades externas.
Aunque la policía alega que las agencias externas ya no tienen acceso a la base, no se ha explicado cómo accedieron inicialmente a la información ni qué medidas se están implementando para evitar futuras infracciones. Los defensores de derechos civiles resaltan que la negligencia en el cumplimiento de estas leyes amenaza la privacidad de los ciudadanos, especialmente cuando las agencias federales realizan operativos migratorios y varios estados aplican restricciones severas a los derechos reproductivos. Las agencias californianas, como el SFPD, tienen la responsabilidad de proteger los derechos de sus residentes frente a estas amenazas.
