En el Reino Unido, la nueva legislación conocida como el Online Safety Act (OSA) ha generado un amplio debate sobre su impacto en la libertad de expresión y el acceso a la información en línea. Esta ley requiere que todos los usuarios, independientemente de su edad, demuestren su identidad para acceder a millones de sitios web, con el objetivo de proteger a los menores de contenido perjudicial.
La OSA busca establecer al Reino Unido como el lugar más seguro del mundo para navegar por Internet, obligando a las plataformas digitales a proteger a sus usuarios de manera más estricta. Los sitios no conformes podrían enfrentar multas de hasta el 10 % de sus ingresos globales.
El contenido perjudicial se clasifica en tres categorías: pornografía y contenido que promueva el suicidio o autolesión; contenido abusivo basado en raza, religión o género, y acoso y violencia; y finalmente, contenido que represente un riesgo significativo para menores.
Las plataformas están obligadas a implementar verificaciones de edad que podrían incluir el uso de documentos de identidad o reconocimiento facial. Esto ha suscitado preocupación por la privacidad y el potencial de discriminación algorítmica.
Desde que estas medidas entraron en vigor a fines de julio, redes sociales y sitios pornográficos han implementado controles de edad. La organización regulatoria Ofcom también busca aplicar la OSA a empresas estadounidenses, lo que ha avivado el debate.
A pesar de que otros países están adoptando medidas similares, críticos de la OSA argumentan que estas regulaciones comprometen la privacidad y la libertad de expresión, especialmente para aquellos sin medios para proveer identificación.
El descontento entre los usuarios británicos se ha manifestado con un incremento en el uso de aplicaciones VPN para evitar estas restricciones. Además, una petición para derogar la OSA ha sobrepasado las 400,000 firmas.
Defensores de la libertad en la red argumentan que Internet debe seguir siendo un espacio libre de interferencias gubernamentales, planteando una pregunta esencial: ¿Puede el Reino Unido lograr su objetivo de ser el país más seguro en Internet sin comprometer los derechos fundamentales de sus ciudadanos?
