En España, la figura de la acusación popular, única en la Unión Europea, permite a cualquier individuo o entidad juridica iniciar acciones penales sin ser directamente afectado por el delito. Aunque respaldada por la Constitución en su artículo 125, una propuesta de reforma legal, impulsada por el PSOE, busca restringir su alcance, sobre todo durante la fase de instrucción, para evitar procedimientos basados únicamente en informaciones de prensa y posibles manipulaciones con fines políticos. Esta propuesta surge en un contexto en el que partidos como Vox y organizaciones como Manos Limpias y Hazte Oír han utilizado la acusación popular en varios casos judiciales sensibles para el Gobierno, incluyendo algunos relacionados con figuras cercanas al presidente Pedro Sánchez. La reforma ha encontrado oposición frontal de asociaciones judiciales, que argumentan que limitaría drásticamente un derecho fundamental de la participación ciudadana en la justicia.
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El Alcance de la ‘Acción Popular’ según el Artículo 125: Herramienta Ciudadana para la Democracia Participativa
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