Junts ha expresado que la medida impactará en todo el territorio nacional, mientras que el Ministerio de Consumo sostiene que se limitará a las comunidades autónomas donde existan lenguas cooficiales. Esta discrepancia en la interpretación podría influir en la implementación y alcance de la norma, generando tensiones sobre su aplicación entre las distintas regiones españolas. Las autoridades buscan aclarar el ámbito de influencia de la medida y su efecto en la diversidad lingüística del país.

Leer noticia completa en El Mundo.