El Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha avanzado esta semana con una propuesta polémica que autorizaría al Secretario del Tesoro a revocar el estatus de exención de impuestos a organizaciones sin fines de lucro. La medida permitiría hacerlo bajo la simple determinación de que una organización apoya el terrorismo, otorgando así un poder sin precedentes a la rama ejecutiva para atacar a entidades con las que discrepe.
Esta propuesta, incluida en el proyecto de reconciliación presupuestaria, resurge después de haber sido rechazada por el Senado en el otoño pasado, a pesar de la aprobación inicial de la Cámara. La oposición proviene de numerosas organizaciones, entre ellas la EFF y la ACLU, que instan a los legisladores a rechazar nuevamente la medida cuando llegue al pleno.
El enfoque de la legislación no se centra tanto en combatir el terrorismo, como argumentan sus impulsores, dado que ya existen leyes que cubren esa área. En su lugar, parece un intento de limitar la libertad de expresión y disuadir a las organizaciones de apoyar a grupos víctimas de persecución, como venezolanos o palestinos, que puedan estar vinculados indirectamente con grupos catalogados como terroristas por el gobierno estadounidense.
Un aspecto preocupante de la propuesta es la falta de salvaguardas de debido proceso. Al otorgar al Secretario del Tesoro la capacidad exclusiva de definir qué organizaciones son «terroristas», se elimina la exigencia de presentar pruebas claras o justificaciones, dejando a las organizaciones con la casi imposible tarea de demostrar su inocencia ante una acusación.
Más de 350 organizaciones, lideradas por la ACLU, han firmado un comunicado alertando sobre el potencial de esta legislación para ser usada como herramienta de persecución política, generando miedo en aquellas entidades que disienten con el gobierno actual. Si bien las aplicaciones judiciales de esta potestad podrían no resistir un escrutinio legal, el daño reputacional y económico sería inmediato y posiblemente irreversible para aquellas que sean investigadas.
La ley actual prohíbe que el presidente y otros altos funcionarios politicen las investigaciones del IRS. Sin embargo, la nueva propuesta crea un vacío legal que podría ser explotado para paralizar a las organizaciones sin fines de lucro durante años. Asimismo, establece un precedente peligroso para futuras administraciones de cualquier tendencia política, que podrían emplear estos poderes para neutralizar a asociaciones disidentes.
Ante este panorama, se urge a la Cámara de Representantes a reevaluar y votar en contra de una propuesta que podría amenazar no solo la operatividad de las organizaciones sin fines de lucro, sino también la esencia de la libertad de expresión y el activismo en Estados Unidos.
