El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Andalucía (Activa). Este ambicioso proyecto tiene como objetivos primordiales promover la excelencia de la investigación, situar a la comunidad a la vanguardia del conocimiento, y fortalecer la conexión entre universidades y empresas. Además, busca facilitar la colaboración público-privada en la financiación de la ciencia y el mecenazgo, y fomentar la internacionalización e integración europea de la ciencia andaluza.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Universidad, debe ahora someter el texto a información pública y solicitar los informes necesarios del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), entre otros organismos. Una vez obtenido el visto bueno, el anteproyecto será trasladado al Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva.
Este nuevo marco legal, que sustituirá al que ha estado en vigor desde 2007, busca actualizar las estructuras científicas de la región e impulsar una relación más estrecha entre universidades, empresas y sociedad, además de fortalecer la inversión privada en I+D+I y mejorar la gobernanza del sistema del conocimiento.
Una de las novedades del anteproyecto es la creación del Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (Saiex). Este sistema reconocerá a los agentes científicos más destacados de la región mediante una certificación oficial que estará alineada con estándares internacionales. Será integrado por el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2) y diversas unidades de investigación.
El I2A2 tiene la misión de captar y retener talento científico a nivel nacional e internacional, actuando como puente entre la investigación básica y aplicada y promoviendo proyectos innovadores en áreas clave. Las unidades de Excelencia y de Investigación Competitiva buscarán fomentar la investigación de alto nivel, mediante un sistema de acreditación riguroso.
Se introducen también dos nuevas figuras: el personal tecnólogo, especializado en tecnología aplicada, y el colaborador científico, que podrá ser cualquier investigador que trabaje temporalmente con la Junta de Andalucía.
Para fortalecer la conexión entre el ámbito académico y el empresarial, la ley propone establecer unidades de Innovación Conjunta y unidades de I+D+I Empresarial. Además, la transferencia de conocimiento se verá impulsada a través de entidades como parques tecnológicos y oficinas de Transferencia de Conocimiento.
En términos de financiación, se promueve la colaboración público-privada mediante un marco normativo que facilite inversiones mixtas y el mecenazgo científico. Esto incluye elevar las deducciones fiscales para quienes inviertan en I+D+I.
La proyección internacional de Andalucía es otra prioridad. Se plantea la creación de una Oficina Europea de Coordinación de la Investigación y una Comunidad de Investigadores Andaluces en el Exterior, en colaboración con la Red de Asociaciones de Investigadores Españoles en el Exterior (RAICEX).
Finalmente, la divulgación científica se verá potenciada mediante un plan específico de ciencia abierta y la nueva Oficina de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el Parlamento de Andalucía, que promoverá el diálogo político informado por conocimiento científico.
Fuente: Junta de Andalucía.
