El Consejo de Gobierno ha revisado la Memoria Anual de Actividades del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, que documenta las acciones llevadas a cabo por este organismo durante 2025. Este informe destaca la emisión de once dictámenes sobre anteproyectos de ley cruciales para Andalucía, incluyendo la futura Ley de Vivienda, el Turismo Sostenible, la promoción industrial y la nueva regulación sobre gestión ambiental.
Además, en el informe se incluye la aprobación del Informe sobre la Situación Socioeconómica de Andalucía de 2024, un análisis detallado de la evolución económica, social y laboral en la región. Este estudio aborda temas como el crecimiento económico, el mercado laboral, el tejido productivo y la cohesión social en la comunidad.
A lo largo de 2025, el CES no solo mantuvo su función consultiva sino que también tuvo una notable actividad institucional, participando activamente en foros de diálogo social y fortaleciendo su colaboración con la Junta de Andalucía, universidades, entidades sociales y órganos similares a nivel nacional e internacional. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentran la jornada ‘El reto de la vivienda en Andalucía: claves para la cohesión social’, celebrada en Sevilla, y el evento online ‘El papel de las redes sociales en materia de igualdad’.
La memoria también incluye las acciones relacionadas con el Premio de Investigación del CES, que busca fomentar estudios sobre temas socioeconómicos relevantes para Andalucía. Entre los proyectos destacados se encuentra uno sobre el uso de inteligencia artificial en el cuidado de personas vulnerables en zonas rurales, así como un estudio sobre el impacto de las políticas socioeconómicas frente al desafío demográfico en la región.
El Consejo Económico y Social de Andalucía, establecido por la Ley 5/1997, es un espacio dedicado al diálogo social y a la participación de los agentes económicos y sociales en la elaboración normativa de la comunidad autónoma. Compuesto por una presidencia y 36 miembros, incluye representantes de organizaciones sindicales y empresariales, consumidores, economía social, gobiernos locales, universidades y expertos en el ámbito socioeconómico.
Sus funciones principales incluyen la emisión de dictámenes y la elaboración de informes sobre legislaciones y normativas de importancia socioeconómica y laboral, así como la realización de análisis y propuestas de iniciativa propia en los ámbitos económico y social.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
