El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Diputación de Málaga ha desarrollado dos modelos de ordenanza con el objetivo de facilitar la adaptación de los ayuntamientos consorciados a la nueva tasa de residuos que ha sido implementada por el Gobierno, en cumplimiento con la Ley 7/2022, del 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. El diputado provincial y presidente del Consorcio, Luis Rodríguez, ha destacado que estas herramientas permitirán a cada municipio elegir el modelo que mejor se adapte a sus características y necesidades, aunque también ha expresado su preocupación por el hecho de que la imposición de esta tasa no se vea acompañada de recursos económicos adicionales.
La ley estipula que el coste del tratamiento de residuos debe ser cubierto a través de una tasa que no genere déficit, lo que implica que los municipios deben asegurar su sostenibilidad financiera. Entre las novedades más importantes de esta normativa se encuentra la obligación de definir la tasa de forma diferenciada, afectando a todos los municipios, independientemente de su tamaño. Asimismo, se contempla una división de la tasa en una parte fija y otra variable – esta última basada en la generación de residuos o en criterios como el consumo de agua – y la creación de incentivos y bonificaciones para aquellos que participen en programas de compostaje, reciclaje o que utilicen puntos limpios.
Los ayuntamientos se enfrentan a la necesidad de aprobar sus ordenanzas fiscales antes del 10 de abril para evitar sanciones, dado que se aplicarán penalizaciones a los desechos que lleguen al vertedero, con un costo adicional de 30 euros por tonelada. Para ayudar en este proceso, el Consorcio ha preparado dos modelos de ordenanza fiscal que pueden ajustarse a las especificidades de cada municipio.
El primer modelo, denominado ‘tipo A’, está diseñado de manera clara y sencilla, siguiendo una estructura tradicional que se basa en criterios objetivos como el uso del inmueble, la superficie y el número de habitantes. Este modelo facilita su implementación, particularmente en municipios con recursos administrativos limitados, y no requiere cambios significativos en la gestión de residuos.
Por otro lado, el modelo ‘tipo B’ avanza hacia un enfoque más sostenible, incentivando un pago justo en función de la generación de residuos. Este modelo incorpora una cuota variable que se puede ajustar según la cantidad de residuos producidos o según parámetros como el consumo de agua. Al alinearse con el principio de ‘quien contamina paga’, fomenta la reducción de residuos y el reciclaje, y permite una mayor personalización de la tasa, integrando incentivos para quienes participen activamente en programas de reciclaje y compostaje.
Luis Rodríguez enfatizó que el objetivo del Consorcio es facilitar a los municipios alcanzar un modelo de gestión de residuos más sostenible y eficiente. Con ese fin, se ha convocado a los 91 municipios consorciados a una jornada informativa que se llevará a cabo el próximo jueves en La Térmica, donde se explicarán en detalle los modelos de ordenanza y se atenderán las consultas de los ayuntamientos para asegurar el cumplimiento de la ley y de los objetivos de reciclaje establecidos por la Unión Europea.
La situación refleja un esfuerzo concertado para enfrentar los retos que plantea la gestión de residuos de manera responsable y alineada con principios de economía circular, aunque el camino hacia la implementación completa de estas tasas requiere trabajo y adaptación por parte de los administradores locales.
Fuente: Diputación de Málaga.
