El Tribunal Constitucional ha aceptado estudiar un conflicto de atribuciones presentado por el Senado, dominado por el Partido Popular (PP), debido a la falta de presentación por parte del Gobierno de un proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado en las Cortes Generales. Esta es la primera vez que el tribunal aborda este asunto, impulsado por una propuesta de la magistrada progresista Laura Díez. El PP argumenta que el Gobierno ha impedido deliberadamente el debate y la aprobación de las cuentas públicas al no presentar los presupuestos de 2026 y al prolongar los de 2023, convirtiéndolos en plurianuales, lo cual consideran inconstitucional. El partido liderado por Alberto Núñez Feijóo sostiene que esto supone una usurpación de competencias, al autorizar gastos fuera del límite establecido. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo minimizan la relevancia del conflicto, alegando que no se puede forzar un presupuesto sin apoyos suficientes, aunque aseguran que presentarán las cuentas en un futuro próximo.
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